Henio Millán Valenzuela expuso la conferencia «Las variables que inciden en la violencia en México»; propuso instituciones que satisfagan las necesidades de la población y llevar la democracia al nivel social.

La profundización del proceso democrático para que alcance la vida social, el rediseño de instituciones que satisfagan las necesidades de la población, la vigencia plena del Estado de Derecho y de la aplicación de la ley, otro aparato de justicia, así como acabar con la impunidad son algunos de las factores necesarios para atender el grave problema de inseguridad que sufren los mexicanos ante el poder de cárteles y grupos criminales, afirmó Henio Millán Valenzuela.

        El profesor-investigador de El Colegio Mexiquense dio la conferencia «Las variables que inciden en la violencia en México», la segunda del ciclo «El entorno social contemporáneo. Reflexiones desde las Ciencias Sociales», que fue moderada por Arlette Covarrubias Feregrino y estuvo antecedida por el mensaje de bienvenida de César Camacho, presidente de la institución, quien dijo que el primero de los servicios que debe prestar el Estado es el de la seguridad y mantener un entorno de libertad y certeza, pero hoy hay un severo déficit.

        Millán Valenzuela propuso los resultados de sus investigaciones y analizó sobre todo lo que ha sucedido en el país a raíz de la alternancia de principios de este siglo, cuando se dejó intacto el aparato de procuración de justicia del viejo régimen, mientras la democracia se volvía «minimalista» y se quedaba al nivel de la política, en tanto se daba un deterioro institucional y se rompían los pactos con los grupos criminales.

        El investigador analizó el repunte de las tasas de homicidio desde 2006 y tras ofrecer cifras y datos respecto de las relaciones entre pobreza, desigualdad y educación con delitos violentos, sobre todo el homicidio, advirtió de la necesidad de verificar la influencia de las variables socioeconómicas en la violencia, así como el dilema entre gobernabilidad y democracia.

        Aseguro que no hay relación entre pobreza, desigualdad y falta de oportunidades y la violencia, y que esta se relaciona en todo caso con la pobreza moderada, pues el delito tiene una rentabilidad y reclama de algunas habilidades; asentó que donde hay mucha pobreza se presentan menos delitos contra la salud, pero donde la pobreza es baja (el norte y el centro del país) los delitos contra la salud son muy altos.

        Recalcó que ni pobreza ni la escolaridad son relevantes en el aumento de la violencia, sino que debe considerarse que el deleito y la delincuencia son actividades que dan rendimientos y proliferan donde hay menos pobreza y mayor educación, a la vez que expuso que la desigualdad tampoco es un factor relevante.

        En la segunda parte de su exposición hizo un repaso de la manera en que los gobiernos del viejo orden autoritario llegaron a acuerdos con los cárteles para evitar que afectaran a la sociedad y pasó a la espiral de violencia que se ha dado desde 2006, con la reflexión sobre la relación problemática entre gobernabilidad y democracia, en un contexto de fragmentación de los grupos criminales.

        Mientras antes de ese tiempo los gobiernos sacrificaron la democracia en aras de la gobernabilidad, desde hace dos décadas el proceso ha sido inverso, y se ha sacrificado la gobernabilidad a cambio de una democracia que no termina de llegar a todos los espacios que debe cubrir, a la par del fortalecimiento de instituciones que atiendan eficiente y eficazmente las necesidades de la gente en materia de salud, educación y seguridad, entre otros renglones.

        Millán Valenzuela consideró que el panorama es muy complejo y se pronunció por un Estado fuerte pero sometido al imperio de la ley, por una reforma total de la procuración de justicia y los cuerpos policiacos, que acabe con la impunidad, la cual asegura a los delincuentes la certeza de que no serán castigados, y pidió ver al crimen organizado como un poder fáctico que decide la vida económica, social y política de porciones importantes del país, lo cual ha sido producto de muchos factores, incluida la fragmentación de los grupos delictivos y la práctica del secuestro y la extorsión como formas de diversificar sus actividades y aprovechar sus recursos.

        La única solución en México -afirmó- pasa por un Estado de Derecho, en un proceso de democratización liberal que tenga a las libertades individuales en primerísimo lugar, la transformación de los aparatos de justicia, una justicia que responde a la democracia, que debe dejar de estar secuestrada por los políticos, así como arraigar la educación cívica.

        La siguiente conferencia del ciclo será ofrecida el 15 de agosto, a las 13:00, por Emma Liliana Navarrete, con el título «Los desafíos de ser joven en México», con la moderación de la también investigadora Judith Pérez Soria.

Comunicado de prensa 046/2022.

Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, Estado de México, 11 de julio de 2022.