Judith Pérez Soria, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, advierte que la presión política está detrás de la detención de hondureños en Guatamala; en México no estarían mejor, dice.
Las respuestas de los gobiernos a la migración centroamericana que tiene como destino los Estados Unidos no son diferentes, pues responden a la misma presión política, señaló Judith Pérez Soria, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense.
La estudiosa precisó que los estragos de la pandemia de Covid-19 en las economías locales, las estrategias familiares y la composición de los núcleos domésticos por enfermedad o muerte impactan las condiciones de todos los lugares y de todas las familias, con lo cual aumentan las probabilidades de emigrar.
Especialista en migración y estudiosa del fenómeno en México, Estados Unidos y América Central, Pérez Soria consideró que la poca capacidad de los gobiernos para enfrentar esta situación y el traslado de las soluciones al ámbito individual y familiar hacen que la migración sea la única alternativa, especial pero no únicamente, para miles de personas en condición de vulnerabilidad por pobreza, desigualdad social y marginación.
Se refirió al hecho de que en la tercera semana de enero del naciente año 2021, más de ocho mil migrantes procedentes principalmente de Honduras se organizaron, avanzaron y finalmente fueron detenidos en Guatemala, aunque la evidencia señala que de haber llegado a México su situación no sería mejor.
Coordinadora del seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas y autora de Acción social y participación política. Clubes y federaciones de migrantes mexicanos en Los Ángeles, California, entre otros libros y artículos especializados, la investigadora recordó que el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) permite el libre tránsito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Detalló que ahí está la razón de que las «caravanas» anteriores no eran frenadas hasta que ingresaban a México; sin embargo, a partir de 2020, Guatemala limitó la estancia de las personas de dichas nacionalidades a 72 horas, en violación del CA-4, y en octubre pasado, intervino directamente en la detención y deportación de aproximadamente 3 500 hondureños, utilizando, como ocurre hoy, el argumento de los protocolos sanitarios.
Para Pérez Soria el flujo migratorio y la respuesta violenta de los gobiernos de los territorios de paso señala que 2021 y los siguientes serán años de intensa movilidad humana, y que no se cuenta con una estrategia de gestión de la migración acorde a la crisis mundial que ha dejado la pandemia, la cual, en el caso de Centroamérica, se agrava por los efectos de los huracanes Eta e Iota que han destruido la infraestructura productiva y el patrimonio familiar.
Comunicado de prensa 004/2021.
Zinacantepec, Estado de México, 20 de enero de 2021.
