La profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense habló de la riqueza documental que resguardan los repositorios y de las limitaciones con las que realizan su tarea.
Los archivos documentales son ventanas para conocer las identidades colectivas, puertas a la información, garantía de protección de la memoria de un país, un estado, una región, una comunidad e incluso una persona, pero especialmente, repositorios cuya existencia es muy relevante para asegurar el acceso a la información como un derecho humano.
La historiadora Karen Ivette Mejía Torres, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, dijo que una tarea de los historiadores y en general de la academia es informar a la sociedad de la importancia y utilidad de los archivos, de los documentos que contienen y de la manera en que se estos se deben manejar y conocer, no solo por parte de los especialistas, sino de cualquier persona.
A participar en el ciclo de conferencias «El entorno social contemporáneo. Reflexiones desde las Ciencias Sociales» con una ponencia sobre el Día Internacional de los Archivos que se conmemoró el día 9 de este mes, Mejía Torres explicó que la UNESCO fijó la fecha a partir de 2007, y consideró a los archivos patrimonio de la Humanidad.
Karen Ivett Mejía Torres detalló que los archivos son un imaginario y repositorios de información con soporte material o digital, preservan la memoria documentaria, favorecen la protección documental por parte de los sujetos obligados, estimulan el buen gobierno y el estudio académico y favorecen la promoción de políticas sobre la defensa de los derechos humanos, entre los que destacan los derechos a saber, a la verdad y la justicia.
La historiadora puso como ejemplos el acta de Independencia de México, bajo resguardo en el Archivo General de la Nación; una escritura de 1732 del Archivo General de Notarías del Estado de México, el registro de una visita pastoral a Cuautitlán en 1682, en los que se observa el registro de acontecimientos y personajes históricos, pero también de las preocupaciones cotidianas de la gente.
De esta suerte -abundó- los archivos y los documentos sirven para resguardar la memoria, la historia de cualquier persona, son fuente de conocimiento, permiten reconstruir procesos y dar argumentos bien cimentados para explicar a la sociedad como fueron esos procesos.
Se refirió a la página digital «México en la memoria del mundo», del Archivo Histórico de la UNESCO, que remite a una gran variedad de repositorios y colecciones, como el Archivo John y Colette Lilly, el conocido como «Transfiguraciones sonoras», en la voz del poeta Eduardo Lizalde y el archivo del Ateneo Español de México, entre muchos otros de El Colegio Nacional, el IMER o la Fonoteca Nacional.
La especialista en cofradías y la vida religiosa colonial abordó también el marco legal de los archivos en México, que obliga a los tres niveles de gobierno, los tres poderes y los organismos autónomos a que todos los documentos en su poder se reconozcan como públicos y a que toda persona tenga acceso a ellos, lo cual es relevante en especial cuando se trata de la justicia social o del reconocimiento de hechos que lastimaron a la sociedad.
Tal es el caso de las colecciones «M68 soberanías en movimiento», sobre el movimiento de 1968, y «Memoria y verdad», por señalar algunos de los más significativos.
En su exposición incluyó reflexiones sobre las condiciones materiales, presupuestales y de personal de los archivos, respecto de las cuales hizo sugerencias, pues remiten a limitaciones que afectan el trabajo archivístico y en particular pueden afectar el principio de que el acceso libre a la información es un derecho humano, según lo establece la Constitución.
También hizo apuntamientos sobre la Ley General de Archivos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para contrastar el mandato legal con la situación real de los archivos, caracterizada por limitaciones, carencias y problemáticas que deben ser atendidas.
Comunicado de prensa 021/2024
Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, Estado de México, 24 de junio de 2024
